La burbuja de la financiación autonómica
Algo que me ha sorprendido siempre es que en este foro se han tratado muchas burbujas, pero nunca una de las más gordotas, que es, a mí entender, el modelo de financiación autonómico, que tiene bastante que ver con la crisis. Antes de continuar, me gustaría aclarar que este hilo es totalmente apolítico y no quiero que se desvie el tema por nacionalismos o patriotismos varios, se trata únicamente de economía, motivo por el cual lo abro en esta sección.
España es un país con grandes divergencias entre regiones, eso lo sabe todo el mundo, sólo hay que echar un vistazo a los índices de paro históricos de cada comunidad para darse cuenta de ello. Obviamente no es la única diferencia, pero si la he citado como ejemplo es porque, como veremos, es la más importante de todas. En los tiempos que corren, con el paro en alza, es bastante fácil comprender la dicotomía paro-cobertura social, pues cuando ingresas menos no es posible mantener el mismo nivel de gastos sin desequilibrar los presupuestos, por no decir que la falta de ocupación supone un coste adicional por sí misma (subsidios por desempleo). Así, el estado del bienestar español se alcanza utilizando una media estatal de actividad económica, aunque esta varia, y mucho, a nivel autonómico, es decir, si el paro en España fuera el de Andalucía, está claro que no sería posible tener lo que tenemos ahora, por más cutre, ineficiente o corrupto que sea esto, del mismo modo que un paro estatal similar al catalán (en los buenos tiempos) podría permitir un drástico descenso en los impuestos sin que eso supusiera ningún recorte en el gasto social. Si se entiende esto, llega la hora de analizar cómo funciona la solidaridad entre autonomías o qué modelo de caja común tenemos en España, haciendo especial hincapié en el objetivo de este.
Como comentaba, las autonomías en España poseen diferencias económicas de gran calado, no sólo en la ocupación, sino también en la riqueza, productividad, infraestructuras etc... Es muy difícil hallar un criterio que logre englobar todas esas divergencias y que plasme realmente el estado de salud económico de cada región, pero sí se elaboran una serie de estadísticas que deberían darnos una idea de cómo están las cosas. Una de ellas es la renta por habitante, que resulta de dividir el PIB autonómico entre los habitantes de la misma. El ránking es el siguiente (INE 2009):
1-País Vasco 32.133
2-Comunidad de Madrid 31.110
3-Comunidad Foral de Navarra 30.614
4-Cataluña 28.095
5-Aragón 26.323
6-Illes Balears 25.967
7-La Rioja 25.895
UE-27* 25.100
8-Cantabria 24.508
España 24.020
9-Castilla y León 23.361
10-Principado de Asturias 22.559
11-Ceuta 22.320
12-Melilla 21.493
13-Comunitat Valenciana 21.468
14-Canarias 21.105
15-Galicia 20.619
16-Región de Murcia 19.692
17-Andalucía 18.507
18-Castilla-La Mancha 18.471
19-Extremadura 16.828
Hasta aquí no creo que existan demasiadas sorpresas ¿verdad? Continuemos, como sabréis, hace relativamente poco el gobierno publicó las balanzas fiscales a petición, principalmente, de los partidos catalanes. El objetivo de las balanzas fiscales es mostrar la diferencia entre lo que se recibe y se aporta como comunidad después de que el estado ingrese todo en la caja común. La elaboración de estas fue larga y complicada debido a que, según declaró el gobierno, resultaba difícil hallar una metodología que consiguiera reflejar con fidelidad la realidad de esas transferencias, a pesar de que en Europa desde siempre se publican este tipo de datos sin ningún tipo de problema. Finalmente se resolvió publicar dos metodologías: carga-beneficio y flujo monetario, resultando los siguientes datos:
La principal diferencias entre las dos es que en una de ellas la comunidad de Madrid resulta beneficiada al considerar que la inversión por capitalidad corre a cuenta de todos, no es por casualidad que esa sea la principal diferencia entre ambas. Teniendo eso en mente, considero más apropiado utilizar la metodología europea (flujo monetario), aunque realmente no cambiará demasiado lo que viene a continuación, así que si alguien prefiere pensar que la inversión imputada a la Comunidad de Madrid por los 160.000 funcionarios que trabajan en la administración central resulta injusta, allá él.
Lo primero que debería sorprender hojeando esos datos es que no se corresponden en absoulto al ránking anterior publicado por el INE, es decir, que las comunidades con mayor riqueza por habitante no son las que más aportan en concepto de solidaridad. Es especialmente extraño si tenemos en cuenta que desde siempre nos han dicho que "dan los que más tienen". Todavía se entiende menos que comunidades más ricas que las solidarias sean receptoras de ayudas al desarrollo.
El primer punto es fácil despejarlo sabiendo que dos de las tres comunidades con mayor renta por habitante poseen un régimen fiscal especial (concierto económico) que las exime de aportar solidaridad, el segundo, no obstante, parece más complicado comprenderlo. Por el momento, eso sí, hemos comprobado que las comunidades más ricas no son las que más pagan, datos, recordemos, facilitados por el gobierno de España. En contra de los datos recogidos en las balanzas fiscales está ese argumento tan escuchado de "no son las comunidades las que pagan, sino las personas". ¿Pero es eso cierto? Bueno, a decir verdad sí. Los impuestos los pagan las personas, pero las inversiones que más tarde repercutirán en el bienestar de los contribuyentes se distribuyen por autonomías, de modo que, digase como se quiera, sí es importante saber qué se recibe como ciudadano de cada comunidad, porque una persona con el mismo nivel de ingresos relativo, puede vivir mejor o peor según la comunidad en la que se encuentre debido a este motivo.
Y ahora es cuando debemos volver al concepto de riqueza por habitante, que algo nos sonará de esta última década de gran crecimiento económico. Todos hemos visto lo ricos que hemos sido con un crecimiento anual de hasta el 4% del PIB. Eso podría hacer que examinásemos más minuciosamente la información que nos facilitan esos numeritos, por ejemplo, preguntándonos si el poder adquisitivo tiene algo que ver con la riqueza, porque, si es que sí, estaría bien ponderar el impacto de los precios en relación a los salarios a la renta por habitante facilitada por el INE y, como no, añadir también el peso de la solidaridad en la ecuación. ¿Algo así existirá? Lanzando esa pregunta al google la respuesta no tarda en aparecer:
De una noticia (2008) de expansión sobre la información facilitada por FUNCAS:
El nivel de bienestar de los hogares catalanes ha bajado drásticamente. Pese a ser la autonomía con mayor peso en el PIB, el poder de compra de sus familias ya es inferior al de Aragón, Castilla y León, La Rioja o Cantabria.
Cataluña pierde posiciones entre las comunidades con mejor nivel de vida. A pesar de su peso predominante en la economía española (un 18,8% del total), sus habitantes han moderado su capacidad adquisitiva en relación al de otras regiones. En 2006, el PIB per capita de los aragoneses ya superaba en cuatro puntos al de los catalanes, según datos de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas).
“El nivel de bienestar de las familias españolas está profundamente afectado por la desigualdad existente en los precios de los bienes y servicios consumidos por los hogares. De hecho, los datos demuestran cómo las diferencias relativas en el nivel de desarrollo resultan corregidos por el efecto de los precios y por las transferencias públicas en gastos sociales como la sanidad y la educación”, explica Pablo Alcaide, autor del Balance Económico Regional de Funcas.
En este sentido, Cataluña es la autonomía más cara de España. Su nivel de precios se sitúa ocho puntos por encima de la media nacional. Y abre una brecha de más de 22 puntos con la comunidad más barata para vivir, Extremadura. Por eso, si se ajustan los efectos de la disparidad de los precios y las transferencias sociales percibida, el resultado arroja sorpresas. La renta real de las familias catalanas bajaría hasta el puesto octavo, por detrás de País Vasco, Navarra, Madrid, Aragón, Castilla y León, Cantabria y La Rioja. Mientras que Baleares, otra de las comunidades considerada rica en PIB per cápita, bajaría hasta el décimo lugar.
No obstante, Cataluña y Baleares no son la únicas comunidades que salen mal paradas en el ránking de renta real de las familias. Valencia, la cuarta región con mayor peso en la economía española, ocupa el vagón de cola. El poder de compra real de sus familias se sitúa 11 puntos por debajo de la media. Un registro que sólo empeoran Andalucía (84,1 puntos) y Murcia (83,9).
Los datos constatan la enorme brecha económica que arrastran las regiones españolas. Entre la renta real familiar del País Vasco, la comunidad más rica, y Murcia, la más pobre, hay una distancia de 43 puntos.
Alcaide matiza que el desarrollo económico no siempre contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El sentimiento de bienestar personal empeora en muchas ocasiones por las necesidades de transporte, gasto y demás que genera vivir en una aglomeración urbana.
Un ejemplo paradójico en este caso es el de Extremadura. A pesar de ser la comunidad más deprimida en términos de convergencia con Europa, la renta real de sus familias está por delante de la de Valencia, Andalucía y Murcia, debido, principalmente, a la inyección de transferencias públicas a sus ciudadanos.
Las claves
El nivel de bienestar de las familias está “profundamente afectado” por al desigualdad de precios, señala Pablo Alcaide. En este sentido, Barcelona, Gerona, la Rioja y Guipúzcoa son las cuatro provincias con un nivel de precios de consumo relativos más alto. Es decir, soportan un coste de la vida de entre seis y diez puntos más altos a la media nacional. En el lado opuesto, el precio de los bienes y servicios es hasta quince puntos inferior al resto de España en Badajoz, Cuenca y Cáceres.
Según Funcas, Aragón supera ya en PIB per cápita medido en paridad de compra a Cataluña. En concreto, el PIB per capita de los aragoneses se situó en 2006 en el 109,44% frente a la media nacional, cuatro puntos por encima del de los catalanes (109,44%). El ránking lo siguen liderando Madrid (130,5%), País Vasco 127,5%) y Navarra (125%).
Los datos de renta de las familias difieren cuando se ajustan a realidades como la disparidad de precios en España. O se tienen en cuenta las transferencias públicas percibidas por los ciudadanos. De este modo, la renta real de las familias catalanas desciende hasta el puesto octavo, por detrás de regiones tradicionalmente más pobres como Aragón, Castilla y León, Cantabria y La Rioja. Es decir, los hogares catalanes, con unos ingresos por capital y trabajo superiores al de otras comunidades, poseen una nivel de bienestar más bajo, debido al alto nivel de precios que soportan y al menor grado de transferencias públicas. Un caso similar ocurre con Baleares, en el décimo puesto.
Definitivamente, en España hay algo que no cuadra. Los ricos son más pobres que los pobres tras pagar impuestos. Increible.
Tras leer esta información me puse a investigar a ver si era cierto, aunque no hizo falta hacer demasiados esfuerzos. No es ningún secreto que muchos españoles concentrados en autonomías tradicionalmente ricas deben irse al sur para poder vivir dignamente. ¿Qué está pasando en este país? Entonces, pensando sobre los objetivos de la mano estatal en el reparto del dinerito de la caja común, se me encendió la bombilla, iluminando una de las primeras cosas que he expuesto en este mensaje.
Si ha quedado demostrado que no sólo no pagan las comunidades más ricas, sino que hasta las comunidades "pobres" terminan pasando por delante de las más pudientes ¿qué queda por entender? Pues claro, el paro, vicio y virtud de España. No pagan las comunidades ricas, pagan quienes más trabajan, simple y llanamente. Eso explica porque comunidades más pobres pagan en lugar de recibir, porque comunidades por encima de la media reciben y explica también, como efecto colateral, porque a nivel de poder de compra los "pobres" poseen un poder adquisitivo superior al de los "ricos". Al parecer en España, país con PAROtitis crónica, la riqueza no se mide en dinero, sino en trabajo: como casi no hay, quién trabaja debe ser rico. Es tan absurdo que encaja. ¿Pero por qué? Porque es lo más fácil. ¿O no estamos en el país que tiró del ladrillo para catapultar su PIB hacia la estratosfera?
No se trata de planear un desarrollo sostenible y equilibrado, se trata de inyectar la solidaridad a presión en las autonomías con menor ocupación para solucionar las cosas instantáneamente, lo que tanto nos gusta a los españoles. "¿Qué hay una autonomía con un paro del 15%? No pasa nada, quitamos de esa, que tiene sólo un 7% y lo metemos aquí en forma de transferencias sociales, inversiones públicas etc... Total, esos ni lo notarán, como tienen empleo, pueden pagarse sus cosas trabajando". Esto que parece un chiste, no lo es en absoluto. Un indicio de que los tiros van por aquí lo encontramos en los datos acerca del empleo público, ya sabéis, de los funcionarios que tanto gustan en el foro.
La información es la siguiente:
¿Veis alguna relación entre esto y lo que nos mostraban las balanzas fiscales? ¿Será casualidad que las comunidades que más aportan sean las que menor empleo público poseen?
El problema de este sistema, que en principcio servía para que en cualquier región de España hubiera un nivel de vida similar, es que no es sostenible. El sistema funciona desplazando recursos de las comunidades productivas hacia las autonomías menos desarrolladas, pero no lo hace en forma de inversiones a largo plazo (eso requeriría un periodo en el cual los habitantes de esas regiones deberían apretarse el cinturón mientras estas se amortizan, lo cual agotaría la poca paciencia de esos desafortunados españoles), de modo que simplemente se les regala dinero en forma de subvenciones, ayudas varias y, sobre todo, empleo público, medidas que sirven para estimular el consumo, así que, aunque se les inyecte año tras año una pasta considerablemente, en realidad siempre están igual y siguen dependiendo de esas ayudas para mantener ese nivel de actividad económica. Esto no sería negativo si no fuera porque el déficit que año tras año acumulan las comunidades solidarias termina pasando factura, ya que ese dinero que se les quita las lastra haciendo que sean menos competitivas. Al final nos encontramos que este sistema no resulta viable a largo plazo debido a que sólo obtenemos un equilibro a corto a costa de condenar el futuro: simplemente llega un punto en el cual la falta de inversión hace que España compita con seiscientos en un mundo globalizado en el cual los paises participan con motores de fórmula 1.
Esta situación ya es de por sí dramática, pero además, con la burbuja inmobiliaria, los acontecimientos se han precipitado haciendo insostenible la situación. Ahora resulta que muchas de esas comunidades tan dinámicas creaban riqueza plantando ladrillos, con las consecuencias que todos conocemos. El ejemplo más claro de esto lo encontramos en la Comunitad Valenciana, una comunidad con una renta por habitante por debajo de la media nacional y que no obstante es la 3a comunidad más solidaria en términos relativos, cuyo principal atractivo económico eran kilómetros y kilómteros de litoral en los que edificar masivamente. Durante el boom la construcción reportó grandes inversiones y empleo, lo cual era perfecto para el gobierno que metía alegremente mano a la caja común "quitando de ahí y pondiendo allí" porque los valencianos podían pagarse por sí mismos las cosas gracias a los puestos de trabajo generados por la burbuja. Esto fue así a gran escala y durante todos estos años de fiesta crediticia el gobierno siguió el mismo principio: quitar de los ricos (que se lo paguen ellos que tienen trabajo) y dar a los pobres (creando, por ejemplo, miles y miles de plazas de funcionarios, esto es, dando trabajo artificial a cargo del real), lo cual parecía funcionar, pero al estallar la burbuja toda esa enorme riqueza que parecía hacer invulnerables a los motores de España desaparece, dejando vislumbrar por primera vez los efectos de esta política fiscal sin sentido. Así, Cataluña, que hace pocos años rozaba el pleno empleo (2005), ahora se encuentra con una tasa de paro cercana al 15%, evolución que comparten el resto de comunidades solidarias, y dado que el sistema funcionaba exprimiendo a los que trabajan, cuando tenemos una menor ocupación, empiezan a aparecer los fallos.
Por un lado, este esquema de solidaridad ha generado un nivel de vida en las comunidades desfavorecidas que sólo se alcanza mediante ayudas y subvenciones, ya sean cheques o plazas fijas de funcionariado, por otra parte, eso significa que en las comunidades ricas la gente debe tener trabajo para pagarse el día a día. En la situación actual, ninguna de las dos cosas puede cumplirse. Los números no salen. No se puede mantener ese nivel de solidaridad cuando los ciudadanos de las autonomías que lo aportan no llegan a pagarse lo más básico por falta de trabajo. Tampoco se puede mantener ese entramado de ayudas y empleo público cuando los ingresos son menores y los gastos aumentan día a día.
La situación, como decía, es insostenible. Al igual que la burbuja inmobiliaria, la burbuja en el modelo de financiación autonómico ha estallado y muy pocos entenderán lo que ha pasado. Como confusos pepitos pronto nos pelearemos por intentar, en vano, mantener nuestro estilo de vida, culpando a los de al lado de todos los males. España la caga en todo.
España es un país con grandes divergencias entre regiones, eso lo sabe todo el mundo, sólo hay que echar un vistazo a los índices de paro históricos de cada comunidad para darse cuenta de ello. Obviamente no es la única diferencia, pero si la he citado como ejemplo es porque, como veremos, es la más importante de todas. En los tiempos que corren, con el paro en alza, es bastante fácil comprender la dicotomía paro-cobertura social, pues cuando ingresas menos no es posible mantener el mismo nivel de gastos sin desequilibrar los presupuestos, por no decir que la falta de ocupación supone un coste adicional por sí misma (subsidios por desempleo). Así, el estado del bienestar español se alcanza utilizando una media estatal de actividad económica, aunque esta varia, y mucho, a nivel autonómico, es decir, si el paro en España fuera el de Andalucía, está claro que no sería posible tener lo que tenemos ahora, por más cutre, ineficiente o corrupto que sea esto, del mismo modo que un paro estatal similar al catalán (en los buenos tiempos) podría permitir un drástico descenso en los impuestos sin que eso supusiera ningún recorte en el gasto social. Si se entiende esto, llega la hora de analizar cómo funciona la solidaridad entre autonomías o qué modelo de caja común tenemos en España, haciendo especial hincapié en el objetivo de este.
Como comentaba, las autonomías en España poseen diferencias económicas de gran calado, no sólo en la ocupación, sino también en la riqueza, productividad, infraestructuras etc... Es muy difícil hallar un criterio que logre englobar todas esas divergencias y que plasme realmente el estado de salud económico de cada región, pero sí se elaboran una serie de estadísticas que deberían darnos una idea de cómo están las cosas. Una de ellas es la renta por habitante, que resulta de dividir el PIB autonómico entre los habitantes de la misma. El ránking es el siguiente (INE 2009):
1-País Vasco 32.133
2-Comunidad de Madrid 31.110
3-Comunidad Foral de Navarra 30.614
4-Cataluña 28.095
5-Aragón 26.323
6-Illes Balears 25.967
7-La Rioja 25.895
UE-27* 25.100
8-Cantabria 24.508
España 24.020
9-Castilla y León 23.361
10-Principado de Asturias 22.559
11-Ceuta 22.320
12-Melilla 21.493
13-Comunitat Valenciana 21.468
14-Canarias 21.105
15-Galicia 20.619
16-Región de Murcia 19.692
17-Andalucía 18.507
18-Castilla-La Mancha 18.471
19-Extremadura 16.828
Hasta aquí no creo que existan demasiadas sorpresas ¿verdad? Continuemos, como sabréis, hace relativamente poco el gobierno publicó las balanzas fiscales a petición, principalmente, de los partidos catalanes. El objetivo de las balanzas fiscales es mostrar la diferencia entre lo que se recibe y se aporta como comunidad después de que el estado ingrese todo en la caja común. La elaboración de estas fue larga y complicada debido a que, según declaró el gobierno, resultaba difícil hallar una metodología que consiguiera reflejar con fidelidad la realidad de esas transferencias, a pesar de que en Europa desde siempre se publican este tipo de datos sin ningún tipo de problema. Finalmente se resolvió publicar dos metodologías: carga-beneficio y flujo monetario, resultando los siguientes datos:
La principal diferencias entre las dos es que en una de ellas la comunidad de Madrid resulta beneficiada al considerar que la inversión por capitalidad corre a cuenta de todos, no es por casualidad que esa sea la principal diferencia entre ambas. Teniendo eso en mente, considero más apropiado utilizar la metodología europea (flujo monetario), aunque realmente no cambiará demasiado lo que viene a continuación, así que si alguien prefiere pensar que la inversión imputada a la Comunidad de Madrid por los 160.000 funcionarios que trabajan en la administración central resulta injusta, allá él.
Lo primero que debería sorprender hojeando esos datos es que no se corresponden en absoulto al ránking anterior publicado por el INE, es decir, que las comunidades con mayor riqueza por habitante no son las que más aportan en concepto de solidaridad. Es especialmente extraño si tenemos en cuenta que desde siempre nos han dicho que "dan los que más tienen". Todavía se entiende menos que comunidades más ricas que las solidarias sean receptoras de ayudas al desarrollo.
El primer punto es fácil despejarlo sabiendo que dos de las tres comunidades con mayor renta por habitante poseen un régimen fiscal especial (concierto económico) que las exime de aportar solidaridad, el segundo, no obstante, parece más complicado comprenderlo. Por el momento, eso sí, hemos comprobado que las comunidades más ricas no son las que más pagan, datos, recordemos, facilitados por el gobierno de España. En contra de los datos recogidos en las balanzas fiscales está ese argumento tan escuchado de "no son las comunidades las que pagan, sino las personas". ¿Pero es eso cierto? Bueno, a decir verdad sí. Los impuestos los pagan las personas, pero las inversiones que más tarde repercutirán en el bienestar de los contribuyentes se distribuyen por autonomías, de modo que, digase como se quiera, sí es importante saber qué se recibe como ciudadano de cada comunidad, porque una persona con el mismo nivel de ingresos relativo, puede vivir mejor o peor según la comunidad en la que se encuentre debido a este motivo.
Y ahora es cuando debemos volver al concepto de riqueza por habitante, que algo nos sonará de esta última década de gran crecimiento económico. Todos hemos visto lo ricos que hemos sido con un crecimiento anual de hasta el 4% del PIB. Eso podría hacer que examinásemos más minuciosamente la información que nos facilitan esos numeritos, por ejemplo, preguntándonos si el poder adquisitivo tiene algo que ver con la riqueza, porque, si es que sí, estaría bien ponderar el impacto de los precios en relación a los salarios a la renta por habitante facilitada por el INE y, como no, añadir también el peso de la solidaridad en la ecuación. ¿Algo así existirá? Lanzando esa pregunta al google la respuesta no tarda en aparecer:
De una noticia (2008) de expansión sobre la información facilitada por FUNCAS:
El nivel de bienestar de los hogares catalanes ha bajado drásticamente. Pese a ser la autonomía con mayor peso en el PIB, el poder de compra de sus familias ya es inferior al de Aragón, Castilla y León, La Rioja o Cantabria.
Cataluña pierde posiciones entre las comunidades con mejor nivel de vida. A pesar de su peso predominante en la economía española (un 18,8% del total), sus habitantes han moderado su capacidad adquisitiva en relación al de otras regiones. En 2006, el PIB per capita de los aragoneses ya superaba en cuatro puntos al de los catalanes, según datos de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas).
“El nivel de bienestar de las familias españolas está profundamente afectado por la desigualdad existente en los precios de los bienes y servicios consumidos por los hogares. De hecho, los datos demuestran cómo las diferencias relativas en el nivel de desarrollo resultan corregidos por el efecto de los precios y por las transferencias públicas en gastos sociales como la sanidad y la educación”, explica Pablo Alcaide, autor del Balance Económico Regional de Funcas.
En este sentido, Cataluña es la autonomía más cara de España. Su nivel de precios se sitúa ocho puntos por encima de la media nacional. Y abre una brecha de más de 22 puntos con la comunidad más barata para vivir, Extremadura. Por eso, si se ajustan los efectos de la disparidad de los precios y las transferencias sociales percibida, el resultado arroja sorpresas. La renta real de las familias catalanas bajaría hasta el puesto octavo, por detrás de País Vasco, Navarra, Madrid, Aragón, Castilla y León, Cantabria y La Rioja. Mientras que Baleares, otra de las comunidades considerada rica en PIB per cápita, bajaría hasta el décimo lugar.
No obstante, Cataluña y Baleares no son la únicas comunidades que salen mal paradas en el ránking de renta real de las familias. Valencia, la cuarta región con mayor peso en la economía española, ocupa el vagón de cola. El poder de compra real de sus familias se sitúa 11 puntos por debajo de la media. Un registro que sólo empeoran Andalucía (84,1 puntos) y Murcia (83,9).
Los datos constatan la enorme brecha económica que arrastran las regiones españolas. Entre la renta real familiar del País Vasco, la comunidad más rica, y Murcia, la más pobre, hay una distancia de 43 puntos.
Alcaide matiza que el desarrollo económico no siempre contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El sentimiento de bienestar personal empeora en muchas ocasiones por las necesidades de transporte, gasto y demás que genera vivir en una aglomeración urbana.
Un ejemplo paradójico en este caso es el de Extremadura. A pesar de ser la comunidad más deprimida en términos de convergencia con Europa, la renta real de sus familias está por delante de la de Valencia, Andalucía y Murcia, debido, principalmente, a la inyección de transferencias públicas a sus ciudadanos.
Las claves
El nivel de bienestar de las familias está “profundamente afectado” por al desigualdad de precios, señala Pablo Alcaide. En este sentido, Barcelona, Gerona, la Rioja y Guipúzcoa son las cuatro provincias con un nivel de precios de consumo relativos más alto. Es decir, soportan un coste de la vida de entre seis y diez puntos más altos a la media nacional. En el lado opuesto, el precio de los bienes y servicios es hasta quince puntos inferior al resto de España en Badajoz, Cuenca y Cáceres.
Según Funcas, Aragón supera ya en PIB per cápita medido en paridad de compra a Cataluña. En concreto, el PIB per capita de los aragoneses se situó en 2006 en el 109,44% frente a la media nacional, cuatro puntos por encima del de los catalanes (109,44%). El ránking lo siguen liderando Madrid (130,5%), País Vasco 127,5%) y Navarra (125%).
Los datos de renta de las familias difieren cuando se ajustan a realidades como la disparidad de precios en España. O se tienen en cuenta las transferencias públicas percibidas por los ciudadanos. De este modo, la renta real de las familias catalanas desciende hasta el puesto octavo, por detrás de regiones tradicionalmente más pobres como Aragón, Castilla y León, Cantabria y La Rioja. Es decir, los hogares catalanes, con unos ingresos por capital y trabajo superiores al de otras comunidades, poseen una nivel de bienestar más bajo, debido al alto nivel de precios que soportan y al menor grado de transferencias públicas. Un caso similar ocurre con Baleares, en el décimo puesto.
Definitivamente, en España hay algo que no cuadra. Los ricos son más pobres que los pobres tras pagar impuestos. Increible.
Tras leer esta información me puse a investigar a ver si era cierto, aunque no hizo falta hacer demasiados esfuerzos. No es ningún secreto que muchos españoles concentrados en autonomías tradicionalmente ricas deben irse al sur para poder vivir dignamente. ¿Qué está pasando en este país? Entonces, pensando sobre los objetivos de la mano estatal en el reparto del dinerito de la caja común, se me encendió la bombilla, iluminando una de las primeras cosas que he expuesto en este mensaje.
Si ha quedado demostrado que no sólo no pagan las comunidades más ricas, sino que hasta las comunidades "pobres" terminan pasando por delante de las más pudientes ¿qué queda por entender? Pues claro, el paro, vicio y virtud de España. No pagan las comunidades ricas, pagan quienes más trabajan, simple y llanamente. Eso explica porque comunidades más pobres pagan en lugar de recibir, porque comunidades por encima de la media reciben y explica también, como efecto colateral, porque a nivel de poder de compra los "pobres" poseen un poder adquisitivo superior al de los "ricos". Al parecer en España, país con PAROtitis crónica, la riqueza no se mide en dinero, sino en trabajo: como casi no hay, quién trabaja debe ser rico. Es tan absurdo que encaja. ¿Pero por qué? Porque es lo más fácil. ¿O no estamos en el país que tiró del ladrillo para catapultar su PIB hacia la estratosfera?
No se trata de planear un desarrollo sostenible y equilibrado, se trata de inyectar la solidaridad a presión en las autonomías con menor ocupación para solucionar las cosas instantáneamente, lo que tanto nos gusta a los españoles. "¿Qué hay una autonomía con un paro del 15%? No pasa nada, quitamos de esa, que tiene sólo un 7% y lo metemos aquí en forma de transferencias sociales, inversiones públicas etc... Total, esos ni lo notarán, como tienen empleo, pueden pagarse sus cosas trabajando". Esto que parece un chiste, no lo es en absoluto. Un indicio de que los tiros van por aquí lo encontramos en los datos acerca del empleo público, ya sabéis, de los funcionarios que tanto gustan en el foro.
La información es la siguiente:
¿Veis alguna relación entre esto y lo que nos mostraban las balanzas fiscales? ¿Será casualidad que las comunidades que más aportan sean las que menor empleo público poseen?
El problema de este sistema, que en principcio servía para que en cualquier región de España hubiera un nivel de vida similar, es que no es sostenible. El sistema funciona desplazando recursos de las comunidades productivas hacia las autonomías menos desarrolladas, pero no lo hace en forma de inversiones a largo plazo (eso requeriría un periodo en el cual los habitantes de esas regiones deberían apretarse el cinturón mientras estas se amortizan, lo cual agotaría la poca paciencia de esos desafortunados españoles), de modo que simplemente se les regala dinero en forma de subvenciones, ayudas varias y, sobre todo, empleo público, medidas que sirven para estimular el consumo, así que, aunque se les inyecte año tras año una pasta considerablemente, en realidad siempre están igual y siguen dependiendo de esas ayudas para mantener ese nivel de actividad económica. Esto no sería negativo si no fuera porque el déficit que año tras año acumulan las comunidades solidarias termina pasando factura, ya que ese dinero que se les quita las lastra haciendo que sean menos competitivas. Al final nos encontramos que este sistema no resulta viable a largo plazo debido a que sólo obtenemos un equilibro a corto a costa de condenar el futuro: simplemente llega un punto en el cual la falta de inversión hace que España compita con seiscientos en un mundo globalizado en el cual los paises participan con motores de fórmula 1.
Esta situación ya es de por sí dramática, pero además, con la burbuja inmobiliaria, los acontecimientos se han precipitado haciendo insostenible la situación. Ahora resulta que muchas de esas comunidades tan dinámicas creaban riqueza plantando ladrillos, con las consecuencias que todos conocemos. El ejemplo más claro de esto lo encontramos en la Comunitad Valenciana, una comunidad con una renta por habitante por debajo de la media nacional y que no obstante es la 3a comunidad más solidaria en términos relativos, cuyo principal atractivo económico eran kilómetros y kilómteros de litoral en los que edificar masivamente. Durante el boom la construcción reportó grandes inversiones y empleo, lo cual era perfecto para el gobierno que metía alegremente mano a la caja común "quitando de ahí y pondiendo allí" porque los valencianos podían pagarse por sí mismos las cosas gracias a los puestos de trabajo generados por la burbuja. Esto fue así a gran escala y durante todos estos años de fiesta crediticia el gobierno siguió el mismo principio: quitar de los ricos (que se lo paguen ellos que tienen trabajo) y dar a los pobres (creando, por ejemplo, miles y miles de plazas de funcionarios, esto es, dando trabajo artificial a cargo del real), lo cual parecía funcionar, pero al estallar la burbuja toda esa enorme riqueza que parecía hacer invulnerables a los motores de España desaparece, dejando vislumbrar por primera vez los efectos de esta política fiscal sin sentido. Así, Cataluña, que hace pocos años rozaba el pleno empleo (2005), ahora se encuentra con una tasa de paro cercana al 15%, evolución que comparten el resto de comunidades solidarias, y dado que el sistema funcionaba exprimiendo a los que trabajan, cuando tenemos una menor ocupación, empiezan a aparecer los fallos.
Por un lado, este esquema de solidaridad ha generado un nivel de vida en las comunidades desfavorecidas que sólo se alcanza mediante ayudas y subvenciones, ya sean cheques o plazas fijas de funcionariado, por otra parte, eso significa que en las comunidades ricas la gente debe tener trabajo para pagarse el día a día. En la situación actual, ninguna de las dos cosas puede cumplirse. Los números no salen. No se puede mantener ese nivel de solidaridad cuando los ciudadanos de las autonomías que lo aportan no llegan a pagarse lo más básico por falta de trabajo. Tampoco se puede mantener ese entramado de ayudas y empleo público cuando los ingresos son menores y los gastos aumentan día a día.
La situación, como decía, es insostenible. Al igual que la burbuja inmobiliaria, la burbuja en el modelo de financiación autonómico ha estallado y muy pocos entenderán lo que ha pasado. Como confusos pepitos pronto nos pelearemos por intentar, en vano, mantener nuestro estilo de vida, culpando a los de al lado de todos los males. España la caga en todo.
