20 de Enero de 2010
La crisis económica mundial tiene como una de sus peores víctimas la justicia social. Sin embargo, esta ha sido enterrada sin que sus deudos siquiera exigiesen un velatorio decente. Demasiada ilusión existe todavía de que las políticas anticrisis en curso han sido y seguirán siendo exitosas. Incluso, entre quienes piden cambios, las alternativas son nulas. En el apuro de darla por superada, los efectos sociales de la crisis económica mundial en curso no han comenzado siquiera a ser evaluados.
Sabemos que los índices de pobreza han aumentado tanto, que las famosas metas del milenio de las Naciones Unidas se han tornado inalcanzables. La destrucción del potencial productivo mundial ya ha sido cuantiosa, y es completamente ilusorio pensar en que eventualmente superada la crisis las tasas de crecimiento puedan volver rápidamente a niveles satisfactorios.
Las inversiones reales han caído, tal como lo han hecho los ingresos de los asalariados. Han aumentado los desocupados y subocupados. No existen ni remotamente perspectivas para establecer en el mediano plazo niveles ocupacionales adecuados. El equivalente de trillones de dólares en ahorros personales o familiares simplemente ha desaparecido. Los servicios asistenciales de los estados están en peligro de ser reducidos sustancialmente a causa de los graves y crecientes déficits fiscales.
Bajo estas circunstancias parecieran haber temas más apremiantes que la justicia social. ¿Cómo imaginar siquiera una remota posibilidad de justicia social con millones de desempleados, ingresos decrecientes, mercados externos estrangulados, sistemas de seguridad social quebrados, y estados sin capacidad de otorgar subsidios? El tema es el “manejo” de esta situación, no la justicia social, y muchos menos otros temas como la ecología.
Eso a pesar de que el manejo hasta ahora ha sido deplorable. La respuesta de los estados a crisis del sistema financiero fue y sigue siendo la expansión monetaria. Ello ocurrió dando crédito a las empresas financieras “demasiado grandes para quebrar”, lo que según el Presidente de la Comisión Investigadora de la Crisis Financiera del Congreso de los EE.UU., estuvo marcado por “avaricia, estupidez, arrogancia y corrupción abierta”. Y lo sigue estando.
Los recursos repartidos a discreción por un grupo de confabulados en los Ministerios de Hacienda y Bancos Centrales y centro financieros privados, han sido utilizados sin control político alguno para maquillar los balances de los bancos. Las “ganancias” así generadas han quedado disponibles para ser repartidas entre sus directivos. Fue posible retomar así el ciclo especulativo, a pesar del descenso de la actividad económica y una deflación de precios de los bienes de consumo. El alza de las cotizaciones bursátiles ha permitido recuperar si no todas, por lo menos una buena parte de las pérdidas anteriores. Muchas empresas financieras, especialmente los fondos, se salvaron así de la quiebra o de su cierre.
Pero en términos reales, las pérdidas sociales de la crisis son enormes. (En diversos excelentes estudios el CENDA ha mostrado cómo a pesar de la “recuperación” de los fondos de pensiones chilenos gracias a la ola especulativa, estos han perdido casi todas las ganancias acumuladas desde su creación hasta ahora).
Con cierto retraso se identificó que había que compensar el bajón de la demanda, y comenzaron también los más diversos programas de subsidios, desde los habitacionales hasta los del consumo de bienes duraderos. En menor medida hubo programas de reactivación de la demanda mediante el aumento del gasto público directo. Donde las había, se utilizaron reservas acumuladas, donde no, simplemente se expandió la masa monetaria, contrariando toda la teoría económica neoliberal anterior (y violando cualquier “independencia” de los Bancos Centrales).
Ninguna de estas medidas ha significado reactivación efectiva, pero ellas sí han impedido que la espiral de contracción de la actividad económica continuara desarrollándose desenfrenadamente. Esto ha generado la impresión de que los gobiernos sí han estado y están preocupados por el bienestar general. Sin embargo, el correlato de esta política acarrea serias amenazas, que ahora está obligando a buscar “políticas de salida” a las políticas anticrisis.
El dilema radica en que la ola especulativa no ha bastado para restablecer niveles adecuados de capitalización del sistema financiero, por lo que éste se mantiene en condiciones muy precarias. Los bancos necesitan, por tanto, aumentar sustancialmente los ingresos resultantes del cobro de intereses. Pero dada la reducida actividad económica actual, la generación de recursos para el pago de tales intereses es también escuálida. Obligados a pagar mayores intereses, una gran cantidad de empresas y vastos sectores de la población quedarían en bancarrota.
Además, es casi seguro que tarde o temprano resurjan procesos inflacionarios virulentos, dada la masiva destrucción de la capacidad productiva que se está produciendo en todos los lugares (salvo en China, lo que está trastocando completamente el sistema cambiario internacional).
Pero eso no es todo. Si suben las tasas de interés, como necesariamente deberá suceder, se reducirá automáticamente el mercado de créditos, y eso hará quebrar a cientos de bancos y empresas financieras. Las pérdidas en ahorros será enorme, y obviamente habrá que despedirse de toda ilusión reactivadora. La crisis financiera de los estados se agudizará, obligándolos a reducir sus gastos, obviamente en primer lugar el gasto social. Y las condiciones económicas generales volverán a deteriorarse masivamente, pudiendo llegar, como pronostican algunos, a la depresión de la cual según los magos de las promesas acabamos de salvarnos.
No es causal entonces que estemos presenciando el retorno de los “sinceradores” económicos. En EE.UU. y Europa ya hay varios de ellos, y no demorarán en llegar también más hacia el sur. Bajo el pretexto de limpiar la economía de sus trabas, éstos están proponiendo que las cosas empeoren para posteriormente poder mejorarlas de verdad. Si las cosas siguen como están, serán pocos los que no coincidan. Habrá que hacer entonces estudios arqueológicos para reencontrarse en alguna parte con la justicia social.
Alexander Schubert es economista.
Recogido de aquí:
